La creación de leyes nacionales de ciberseguridad y protección de datos personales alineadas con estándares internacionales e interamericanos.
La derogación de leyes represivas que vulneran derechos fundamentales, como las leyes que permiten la vigilancia masiva sin control judicial.
El reconocimiento del derecho a internet como un derecho humano fundamental dentro de las leyes internas.
La promoción de una mayor colaboración entre gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales para proteger los derechos digitales en la región.
La subregión de Centroamérica enfrenta un entorno legislativo complejo en materia de derechos digitales, donde la privacidad, la libertad de expresión y la ciberseguridad se encuentran en constante tensión con medidas que, en muchos casos, vulneran estos derechos fundamentales. Los marcos regulatorios, aunque variados, comparten deficiencias comunes, como la falta de protección integral de datos personales, leyes ambiguas que pueden fomentar la censura y la ausencia de una gobernanza digital inclusiva y transparente.
Este análisis presenta una recopilación de recomendaciones tanto generales para la región como específicas para Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Estas propuestas buscan orientar a los gobiernos y las entidades competentes en la creación de políticas y reformas que respeten los derechos humanos, fortalezcan la ciberseguridad y promuevan un entorno digital seguro y equitativo para todas las personas. A continuación, se detallan las recomendaciones generales para la subregión y aquellas dirigidas a cada país en particular.
El panorama actual de El Salvador refleja una restricción acelerada de los derechos digitales, marcada por un férreo control estatal bajo una lógica de seguridad nacional. El país vive una profunda concentración de poder y un grave debilitamiento del Estado de derecho, un contexto exacerbado por la implementación de un régimen de excepción desde marzo de 2022. Este régimen suspende garantías constitucionales clave, incluido el derecho a la privacidad de las comunicaciones, sirviendo como telón de fondo para la construcción de un andamiaje legal punitivo.
Incluir el derecho a internet en la legislación nacional de cada país, garantizando su acceso libre y sin restricciones indebidas.
Desarrollar y aprobar leyes que regulen de manera integral la protección de datos personales, incluyendo los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), y alinearse con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
Implementar políticas y leyes de ciberseguridad que incluyan la creación de mandatos institucionales claros para su regulación y promoción, y la adopción de estrategias y centros de respuesta a incidentes.
Abstenerse de utilizar marcos regulatorios ambiguos o leyes generales que promuevan la censura o el control sobre el contenido en línea, garantizando que las restricciones sean compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Detener la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, asegurando su protección tanto en entornos físicos como digitales.
Crear o fortalecer organismos independientes que velen por la supervisión del cumplimiento de las leyes de ciberseguridad y de protección de datos personales.
Promover la capacitación y sensibilización sobre derechos y responsabilidades digitales, especialmente enfocada en poblaciones vulnerables como mujeres, niñas, niños, personas de comunidades rurales y población LGBTI+.
Honduras necesita una transformación profunda en sus políticas digitales para adaptarse a los estándares internacionales que respeten los derechos humanos. Se recomiendan medidas como la redacción de una Ley Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa, la creación de una Ley Marco sobre Gobierno Digital y una ley integral de protección de datos personales.
También es crucial la derogación o revisión de leyes que fomentan la vigilancia estatal excesiva, como la Ley de Escuchas y la Ley Nacional de Inteligencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugiere eliminar figuras penales como las de injurias y calumnias, que restringen la libertad de expresión y amedrentan a periodistas. Además, se destaca la necesidad de crear una agencia nacional dedicada a la seguridad cibernética y un plan de respuesta a incidentes cibernéticos.
En Guatemala, es esencial avanzar en la creación de una Ley de Protección de Datos Personales y adherirse al Convenio de Budapest. La falta de un marco integral de ciberseguridad y la inexistencia de una legislación específica sobre protección de datos son preocupantes.
La USAID y otros organismos han recomendado modernizar el marco regulador de telecomunicaciones y desarrollar políticas de ciberseguridad robustas. También se debe detener la estigmatización y el hostigamiento de periodistas por parte de autoridades y servidores públicos. Asimismo, la implementación de políticas de alfabetización digital es crucial para cerrar la brecha digital existente y garantizar que todas las personas puedan participar de manera segura y equitativa en el entorno digital.
Aunque El Salvador presenta avances como la existencia de una Ley de Ciberdelitos, se requieren reformas para fortalecer la protección de los derechos digitales. Es necesario aprobar una Ley de Protección de Datos Personales que regule el manejo de la información y garantice derechos fundamentales como los derechos ARCO.
Además, se recomienda reformar el Código Penal y la Ley Especial contra Delitos Informáticos para incorporar disposiciones específicas que protejan a mujeres y grupos vulnerables. La implementación completa de la Agenda Digital 2020-2030 es vital para mejorar la gobernanza y modernizar los servicios digitales.
Otras recomendaciones incluyen garantizar un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos, así como capacitar a la población en temas de ciberseguridad y protección de datos.
En Nicaragua, las leyes represivas como la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros han restringido severamente la libertad de expresión y fomentado un ambiente de autocensura y vigilancia.
Organismos como Amnistía Internacional y la CIDH han pedido la derogación de estas leyes y la protección de periodistas y activistas. Además, el Parlamento Europeo ha solicitado al régimen nicaragüense permitir la supervisión internacional y poner fin a las violaciones de derechos humanos.
Se recomienda restablecer la personería jurídica de los medios de prensa independientes y garantizar el acceso sin restricciones a internet. También se sugiere crear un sistema de registro de violaciones de derechos humanos y participar activamente en los diálogos multilaterales para la gobernanza de internet.
Costa Rica, a diferencia de otros países de la región, cuenta con un entorno institucional más sólido en materia de derechos humanos y libertades públicas. Sin embargo, enfrenta desafíos importantes en la actualización de su marco legal para responder a las nuevas dinámicas tecnológicas y de protección digital.
Se recomienda impulsar una reforma integral o la creación de una nueva Ley de Protección de Datos Personales que incluya los derechos ARCO-POL y reconozca el derecho de toda persona a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de datos, conforme a los estándares europeos.
Asimismo, es necesario establecer un marco regulatorio que supervise el desarrollo y uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, el big data y el blockchain, con medidas claras que garanticen la privacidad y seguridad de los datos personales.
También se propone crear o consolidar un mandato institucional para la defensa, promoción y supervisión de los derechos digitales, que asegure la protección de la libertad de expresión en línea y la privacidad digital.
Finalmente, se recomienda promulgar una Ley para Combatir la Ciberdelincuencia, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ratificación del Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, fortaleciendo así la cooperación internacional y las capacidades nacionales en materia de seguridad digital.
Estas recomendaciones buscan reforzar un entorno digital donde la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión estén garantizadas, y donde las leyes y políticas sean justas, inclusivas y acordes con los principios internacionales de derechos humanos.
La organización Freedom House propone una serie de medidas dirigidas a los gobiernos, empresas tecnológicas y sociedad civil, aplicables en el marco de elecciones libres y justas, especialmente durante los procesos electorales de 2024. Entre ellas se incluyen:
Por su parte, la organización IDEA Internacional, dedicada a la promoción de la democracia a nivel mundial, recomienda que los gobiernos adopten medidas para garantizar el uso responsable y transparente de los medios de comunicación y las redes sociales durante los procesos electorales, en consonancia con los estándares internacionales. Entre las más relevantes destacan: