El panorama actual de El Salvador refleja una restricción acelerada de los derechos digitales, marcada por un férreo control estatal bajo una lógica de seguridad nacional. El país vive una profunda concentración de poder y un grave debilitamiento del Estado de derecho, un contexto exacerbado por la implementación de un régimen de excepción desde marzo de 2022. Este régimen suspende garantías constitucionales clave, incluido el derecho a la privacidad de las comunicaciones, sirviendo como telón de fondo para la construcción de un andamiaje legal punitivo.
El gobierno ha impulsado leyes que, bajo una apariencia de modernización y seguridad, consolidan la vigilancia. Una reforma a la Ley de Telecomunicaciones de 2022 obliga a los operadores a mantener un registro fidedigno de todos los usuarios, incluidas las líneas prepago, para ponerlo a disposición de la Fiscalía. Esto se complementa con la Ley Especial de Intervención de las Telecomunicaciones, o «Ley de Escuchas», que institucionaliza la interceptación de comunicaciones a solicitud del fiscal y con autorización judicial, pero eliminando la supervisión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Paralelamente, la Ley Especial Contra Delitos Informáticos ha sido reformada para endurecer drásticamente las penas. Una reforma de 2025 impone de 10 a 12 años de cárcel a quienes, teniendo acceso legítimo a bases de datos (como periodistas o empleados), extraigan o usen indebidamente la información. Esto se interpreta como un mecanismo directo para intimidar y castigar filtraciones o periodismo de investigación.
La consolidación de este control se materializó entre 2024 y 2025 con un paquete de nuevas leyes. Se aprobaron la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Protección de Datos Personales, que crean una única y poderosa Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE). El problema fundamental es que esta agencia no es independiente: sus directores son nombrados directamente por el presidente de la República, dándole al poder ejecutivo el control total sobre la seguridad de la información y los datos personales de la nación.
La Ley de Datos Personales incluye un ambiguo «derecho al olvido» (Art. 10) que, en manos de una agencia controlada por el gobierno, genera serios temores de ser utilizada como una herramienta de censura para eliminar publicaciones de medios de comunicación que resulten «inexactas» o «inadecuadas» a criterio del poder.
Para completar el cerco, en mayo de 2025 se aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, similar a las de Nicaragua y Rusia. Esta ley impone un registro obligatorio y un impuesto «asfixiante» (del 30% según el texto) a ONGs y medios independientes que reciben financiación internacional, otorgando al gobierno la facultad de sancionarlos o clausurarlos. Esto se combina con reformas constitucionales exprés en julio de 2025 que permiten la reelección presidencial indefinida, consolidando un proyecto autoritario donde el control digital es una pieza central.
El impacto de este marco legal ya es evidente en las numerosas violaciones documentadas contra la prensa y la sociedad civil: