El panorama de los derechos digitales en Costa Rica está marcado por una profunda contradicción entre un marco legal robusto y su débil aplicación, una brecha que se ha convertido en el principal desafío del país. A pesar de ser considerado un referente democrático con leyes «garantistas y no represivas», el país enfrenta serios retos que amenazan su reputación.
El desafío más crítico es la inoperancia de sus instituciones de protección. El texto es explícito al señalar que Costa Rica «parece no darle importancia» a la aplicabilidad de sus normas. El ejemplo más claro es la Ley de Protección de Datos Personales (de 2011), que tiene una «poca o nula incidencia en el sector privado y público». Esto significa que, aunque la ley existe en el papel, la Agencia de Protección de Datos (PRODHAB) no tiene la fuerza o los recursos para hacerla cumplir, dejando el derecho a la «autodeterminación informativa» de los ciudadanos sin protección real.
Este fracaso institucional se agrava por el hecho de que la legislación está desactualizada. El texto subraya la urgente necesidad de una «reforma integral» (mencionando las iniciativas de ley 22.338 y 23.097) para actualizar conceptos y fortalecer a la PRODHAB, evidenciando que el marco actual es insuficiente.
Sumado a esta debilidad institucional, emerge un nuevo reto democrático de carácter político. El documento advierte sobre la amenaza que representa el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, quien, según el texto, «amenaza día con día a la libertad de prensa mediante ataques mediáticos». Esta situación pone en riesgo directo la libertad de expresión, uno de los pilares de los derechos digitales.
Irónicamente, estos fallos ocurren en un país que tiene una base legal ejemplar. Costa Rica reconoció el acceso a internet como un derecho fundamental en 2010. Su Ley de Intervención de las Comunicaciones es protectora, al exigir siempre una autorización judicial previa y fundada. Además, su Ley General de Telecomunicaciones protege la neutralidad de la red.
En resumen, el principal riesgo para los derechos digitales en Costa Rica no proviene de leyes represivas, sino de una combinación de fallas de aplicabilidad, legislación obsoleta y nuevas amenazas políticas que están erosionando la efectividad de su marco garantista.