Honduras carece de un marco legal integral para la protección de datos personales o de ciberseguridad, lo que deja a los ciudadanos en una situación de alta vulnerabilidad. Las leyes existentes, lejos de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, parecen estar más orientadas hacia la censura y la facilitación del control estatal.
El pilar de la vigilancia legalizada es la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones Privadas, comúnmente conocida como «Ley de Escuchas». Esta normativa permite a las autoridades escuchar, captar o grabar comunicaciones privadas—incluyendo llamadas, mensajes y correos electrónicos—sin el consentimiento de la persona investigada, requiriendo únicamente una autorización judicial. El texto de análisis la describe no como una ley de protección, sino como un mecanismo que otorga inmunidad a las autoridades estatales en sus investigaciones.
A esta capacidad de vigilancia se suman herramientas legales de censura indirecta. El Código Penal aún mantiene tipificados los delitos de injuria y calumnia (artículos 229 y 230) para proteger el «honor» de las personas, incluidos los funcionarios públicos. A pesar de las constantes recomendaciones de la CIDH para derogarlos, estos delitos persisten y se utilizan activamente para amedrentar e iniciar procesos penales contra periodistas.
Las amenazas a la libertad de expresión no han disminuido con el cambio de gobierno. La actual administración de la presidenta Xiomara Castro creó en 2022 la Dirección General de Información y Prensa. Este órgano tiene entre sus funciones explícitas realizar «monitoreos y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales» y de las «redes sociales que operan en el país». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que las facultades amplias y discrecionales de esta entidad abren la puerta a un control gubernamental abusivo sobre la información y representan un medio indirecto de restringir la libertad de expresión.
Mientras tanto, los intentos de crear leyes de protección de datos han fracasado, como la iniciativa de 2013. En contraste, han surgido nuevas propuestas preocupantes, como un proyecto de 2023 que busca crear una base de datos gubernamental de usuarios de telefonía móvil, obligando a los operadores a entregar información de sus clientes sin necesidad de una orden judicial. El país carece de una estrategia nacional de ciberseguridad y no ha capacitado a sus fuerzas policiales para manejar delitos informáticos, lo que agrava la desprotección ciudadana.
Las denuncias documentadas de abusos y violaciones a los derechos digitales en Honduras son extensas e ilustran la gravedad de la situación: