En la Subregión de Centroamérica, la legislación sobre derechos digitales vigente en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica presenta tanto similitudes como diferencias significativas en diversos aspectos del derecho. Estos cinco países, aunque comparten una historia y cultura común, han desarrollado sus propios marcos legales que reflejan sus contextos políticos, económicos y sociales.
La legislación guatemalteca ha mostrado avances significativos con iniciativas como la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, que busca mejorar la protección de la privacidad digital y fortalecer la ciberseguridad. Diversos sectores señalan que esta y otras leyes pueden atentar contra derechos constitucionales, como la libertad de emisión del pensamiento.
El Salvador presenta, a simple vista, un mejor panorama al contar con una Ley de Ciberdelitos. Sin embargo, el país enfrenta riesgos debido a la implementación de medidas de vigilancia y control de las comunicaciones electrónicas, prácticas estatales sin el debido proceso legal que socavan la privacidad digital, la batalla contra la desinformación, ataques cibernéticos y denuncias de intimidación y persecución de periodistas y opositores a través de medios digitales.
El panorama en Honduras en cuanto a privacidad digital y libertad en línea es crítico. Aunque el país cuenta con algunas leyes en esta materia, muchas de ellas no cumplen con los estándares internacionales de protección de derechos humanos y están orientadas hacia la censura y el control estatal.
El marco legislativo de Nicaragua en cuanto a la privacidad digital y la libertad de expresión en línea es altamente restrictivo y represivo. Las leyes recientes han aumentado significativamente la vigilancia gubernamental y el control sobre la información, lo que ha reducido de manera drástica el espacio para la libre expresión y la disidencia, limitando los derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital.
El panorama de los derechos digitales en Costa Rica está marcado por una profunda contradicción entre un marco legal robusto y su débil aplicación, una brecha que se ha convertido en el principal desafío del país. A pesar de ser considerado un referente democrático con leyes "garantistas y no represivas", el país enfrenta serios retos que amenazan su reputación.