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La creación de leyes nacionales de ciberseguridad y protección de datos personales alineadas con estándares internacionales e interamericanos.
La derogación de leyes represivas que vulneran derechos fundamentales, como las leyes que permiten la vigilancia masiva sin control judicial.
El reconocimiento del derecho a internet como un derecho humano fundamental dentro de las leyes internas.
La promoción de una mayor colaboración entre gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales para proteger los derechos digitales en la región.
La subregión de Centroamérica enfrenta un entorno legislativo complejo en materia de derechos digitales, donde la privacidad, la libertad de expresión y la ciberseguridad se encuentran en constante tensión con medidas que, en muchos casos, vulneran estos derechos fundamentales. Los marcos regulatorios, aunque variados, comparten deficiencias comunes, como la falta de protección integral de datos personales, leyes ambiguas que pueden fomentar la censura y la ausencia de una gobernanza digital inclusiva y transparente.
Este análisis presenta una recopilación de recomendaciones tanto generales para la región como específicas para Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Estas propuestas buscan orientar a los gobiernos y las entidades competentes en la creación de políticas y reformas que respeten los derechos humanos, fortalezcan la ciberseguridad y promuevan un entorno digital seguro y equitativo para todas las personas. A continuación, se detallan las recomendaciones generales para la subregión y aquellas dirigidas a cada país en particular.
El panorama actual de El Salvador refleja una restricción acelerada de los derechos digitales, marcada por un férreo control estatal bajo una lógica de seguridad nacional. El país vive una profunda concentración de poder y un grave debilitamiento del Estado de derecho, un contexto exacerbado por la implementación de un régimen de excepción desde marzo de 2022. Este régimen suspende garantías constitucionales clave, incluido el derecho a la privacidad de las comunicaciones, sirviendo como telón de fondo para la construcción de un andamiaje legal punitivo.
Honduras necesita una transformación profunda en sus políticas digitales para adaptarse a los estándares internacionales que respeten los derechos humanos. Se recomiendan medidas como la redacción de una Ley Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa, la creación de una Ley Marco sobre Gobierno Digital y una ley integral de protección de datos personales.
También es crucial la derogación o revisión de leyes que fomentan la vigilancia estatal excesiva, como la Ley de Escuchas y la Ley Nacional de Inteligencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugiere eliminar figuras penales como las de injurias y calumnias, que restringen la libertad de expresión y amedrentan a periodistas. Además, se destaca la necesidad de crear una agencia nacional dedicada a la seguridad cibernética y un plan de respuesta a incidentes cibernéticos.
En Guatemala, es esencial avanzar en la creación de una Ley de Protección de Datos Personales y adherirse al Convenio de Budapest. La falta de un marco integral de ciberseguridad y la inexistencia de una legislación específica sobre protección de datos son preocupantes.
La USAID y otros organismos han recomendado modernizar el marco regulador de telecomunicaciones y desarrollar políticas de ciberseguridad robustas. También se debe detener la estigmatización y el hostigamiento de periodistas por parte de autoridades y servidores públicos.
Asimismo, la implementación de políticas de alfabetización digital es crucial para cerrar la brecha digital existente y garantizar que todas las personas puedan participar de manera segura y equitativa en el entorno digital.
La organización Freedom House propone una serie de medidas dirigidas a los gobiernos, empresas tecnológicas y sociedad civil, aplicables en el marco de elecciones libres y justas, especialmente durante los procesos electorales de 2024. Entre ellas se incluyen: