Recomendaciones y medidas

La subregión de Centroamérica enfrenta un entorno legislativo complejo en materia de derechos digitales, donde la privacidad, la libertad de expresión y la ciberseguridad se encuentran en constante tensión con medidas que, en muchos casos, vulneran estos derechos fundamentales. Los marcos regulatorios, aunque variados, comparten deficiencias comunes, como la falta de protección integral de datos personales, leyes ambiguas que pueden fomentar la censura y la ausencia de una gobernanza digital inclusiva y transparente.


Este análisis presenta una recopilación de recomendaciones tanto generales para la región como específicas para Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Estas propuestas buscan orientar a los gobiernos y las entidades competentes en la creación de políticas y reformas que respeten los derechos humanos, fortalezcan la ciberseguridad y promuevan un entorno digital seguro y equitativo para todas las personas. A continuación, se detallan las recomendaciones generales para la subregión y aquellas dirigidas a cada país en particular.


Recomendaciones Generales a la Subregión de Centroamérica

  1. Reconocimiento del Derecho a Internet como Derecho Humano: Incluir el derecho a internet en la legislación nacional de cada país, garantizando su acceso libre y sin restricciones indebidas.
  2. Leyes de Protección de Datos Personales: Desarrollar y aprobar leyes que regulen de manera integral la protección de datos personales, incluyendo los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y alineándose con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
  3. Legislación Integral en Ciberseguridad: Implementar políticas y leyes de ciberseguridad que incluyan la creación de mandatos institucionales claros para su regulación y promoción, y la adopción de estrategias y centros de respuesta a incidentes.
  4. Evitar la Censura y Respetar la Libertad de Expresión: Abstenerse de utilizar marcos regulatorios ambiguos o leyes generales que promuevan la censura o el control sobre el contenido en línea y garantizar que las restricciones sean compatibles con estándares internacionales de derechos humanos.
  5. Protección y Apoyo a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos: Detener la estigmatización, hostigamiento y criminalización de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, asegurando su protección tanto en entornos físicos como digitales.
  6. Fortalecimiento de Instituciones de Supervisión: Crear o fortalecer organismos independientes que velen por la supervisión de las leyes de ciberseguridad y la protección de datos personales.
  7. Educación y Alfabetización Digital: Promover la capacitación y sensibilización sobre derechos y responsabilidades digitales, especialmente enfocada en poblaciones vulnerables como mujeres, niñas, niños y personas de comunidades rurales y LGBTI+.

Recomendaciones Específicas para Cada País

Estado de Honduras

Honduras necesita una transformación en sus políticas digitales para adaptarse a estándares internacionales que respeten los derechos humanos. Se recomiendan medidas como la redacción de una Ley Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa, la creación de una Ley Marco sobre Gobierno Digital y una ley integral de protección de datos personales. También es crucial la derogación o revisión de leyes que fomentan la vigilancia estatal excesiva, como la Ley de Escuchas y la Ley Nacional de Inteligencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugiere eliminar figuras penales como las de injurias y calumnias, que restringen la libertad de expresión y amedrentan a los periodistas. Además, expertos destacan la necesidad de una agencia nacional dedicada a la seguridad cibernética y un plan de respuesta a incidentes cibernéticos.

Estado de Guatemala

En Guatemala, es esencial avanzar en la creación de una Ley de Protección de Datos Personales y adherirse al Convenio de Budapest. La falta de un marco integral de ciberseguridad y la inexistencia de una legislación específica sobre protección de datos son preocupantes. La USAID y otros organismos han recomendado modernizar el marco regulador de telecomunicaciones y desarrollar políticas de ciberseguridad robustas. También se debe detener la estigmatización y hostigamiento de periodistas por parte de autoridades y servidores públicos. La implementación de políticas de alfabetización digital es crucial para cerrar la brecha digital existente y garantizar que todas las personas puedan participar de manera segura y equitativa en el entorno digital.

Estado de El Salvador

Aunque El Salvador presenta avances como la existencia de una Ley de Ciberdelitos, se necesitan reformas para fortalecer la protección de los derechos digitales. Es necesario aprobar una Ley de Protección de Datos Personales que regule el manejo de la información y garantice derechos fundamentales como los derechos ARCO. Además, se recomienda reformar el Código Penal y la Ley Especial contra Delitos Informáticos para incorporar disposiciones específicas que protejan a mujeres y grupos vulnerables. La implementación completa de la Agenda Digital 2020-2030 es vital para mejorar la gobernanza y modernizar los servicios digitales. Otras recomendaciones incluyen garantizar un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos, y capacitar a la población en temas de ciberseguridad y protección de datos.

Estado de Nicaragua

En Nicaragua, las leyes represivas como la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros han restringido severamente la libertad de expresión y fomentado un ambiente de autocensura y vigilancia. Organismos como Amnistía Internacional y la CIDH han pedido la derogación de estas leyes y la protección de periodistas y activistas. Además, el Parlamento Europeo solicita al régimen nicaragüense permitir la supervisión internacional y poner fin a las violaciones de derechos humanos. Se recomienda restablecer la personería jurídica de medios de prensa independientes y garantizar el acceso sin restricciones al internet. También se sugiere la creación de un sistema de registro de violaciones de derechos humanos y la participación activa en diálogos multilaterales para la gobernanza de internet.

Estas recomendaciones buscan reforzar un entorno digital donde la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión estén garantizadas y donde las leyes y políticas sean justas y en línea con los principios internacionales de derechos humanos.

Medidas para Mitigar el Impacto de la Desinformación y Manipulación Digital

La organización Freedom House brinda una serie de medidas a las empresas de comunicaciones y redes sociales,así como, a los gobiernos en el marco de elecciones libres y justas en 2024 aplicadas al ámbito digital, que incluyen las siguientes:


a) Los gobiernos democráticos, la sociedad civil y las empresas tecnológicas deben defenderse de los daños de la inteligencia artificial durante los períodos electorales;

b) Los partidos políticos, los comités y las campañas deberían abstenerse de tergiversar intencionalmente a los candidatos en la publicidad que presenta imágenes generadas o manipuladas por la Inteligencia Artificial;

c) Las empresas tecnológicas deberían aumentar los esfuerzos para defender la integridad electoral;

d) Apoyar la accesibilidad de la tecnología de elusión y resistirse a las órdenes gubernamentales de cerrar la conectividad a Internet o prohibir los servicios digitales durante un período electoral;

e) Trabajar en estrecha colaboración con investigadores independientes que puedan estudiar los efectos que sus servicios tienen sobre la integridad de la información y la libertad de expresión

f) Las empresas deberían invertir en personal dedicado a trabajar en cuestiones de derechos humanos, incluidos especialistas regionales y nacionales, para comprender mejor el impacto local de sus productos.

La organización IDEA encargada de promover la democracia nivel mundial brinda una serie de recomendaciones que los gobiernos deben seguir para asegurar el efectivo uso de la información de los medios de comunicación incluidas las redes sociales en los procesos electorales, siguiendo estándares internacionales, dentro de ellas se encuentran:


g) Los organismos electorales deben proveer los recursos necesarios para mitigar y desacreditar las actividades de desinformación electoral, así como promover la alfabetización mediática;


h) Garantizar de forma proactiva que los sistemas algorítmicos de recomendación no impidan el acceso a información electoral precisa o a una pluralidad de opiniones dentro del espectro democrático;


i) Incluir algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) para frenar la viralidad de la desinformación electoral;


j) Garantizar que la publicidad política esté claramente identificada, que el uso de datos personales sensibles para direccionar anuncios políticos esté prohibido; y


k) Difundir la información financiera relativa al pago de anuncios en línea y establecer una estricta política corporativa que limite la publicidad política de acuerdo con las regulaciones vigentes en cada país con respecto al financiamiento político.

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