El panorama de los derechos digitales en Nicaragua se define por un ambiente legal restrictivo, represivo y punitivo, configurando un claro ejemplo de autoritarismo digital. A diferencia de un marco que busca proteger al ciudadano, el andamiaje jurídico nicaragüense ha sido diseñado explícitamente como una herramienta para el control estatal, la vigilancia y la criminalización de la disidencia. El punto de inflexión fue la respuesta gubernamental a las protestas de 2018, que llevó a la aprobación de un «paquete de leyes represivas» a partir de 2020 para legalizar el control absoluto sobre el espacio digital.
La pieza central de esta arquitectura es la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes (Ley 1223), que entrará en vigor en noviembre de 2025. Aunque se presenta como un esfuerzo de modernización, su artículo 110 es clave: obliga a los operadores a «suministrar toda la información que le sea requerida» por el ente regulador, TELCOR, incluyendo «información estadística y georreferenciada». Esto legaliza el monitoreo en tiempo real de la ubicación de los usuarios y la creación de perfiles detallados sobre su comportamiento en línea.
Esta ley de vigilancia no opera sola. Se complementa con normativas como el Acuerdo Administrativo 001-2021, que exige a las empresas preservar y entregar datos clave (IP, nombre, identidad, localización del equipo) para «rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones». A esto se suma el Acuerdo 004-2020, que, citando leyes de crimen organizado, obliga a los operadores a facilitar activamente la intervención de comunicaciones y guardar absoluta reserva.
Si esas leyes construyen el aparato de vigilancia, la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), conocida como «Ley Mordaza», es el arma utilizada para castigar. Usando conceptos jurídicos ambiguos como «información falsa» o «poner en peligro el orden público», la ley permite encarcelar con penas de 3 a 5 años a cualquier persona por publicaciones críticas. Reformas recientes de 2024 han «agrandado los colmillos» de esta ley, aumentando penas hasta 15 años y permitiendo allanamientos e incautaciones sin orden judicial en «casos de urgencia».
El control no se limita a las fronteras. El régimen ha aprobado reformas al Código Penal que establecen la jurisdicción universal para ciberdelitos, permitiéndole perseguir a nicaragüenses por publicaciones hechas incluso desde el exilio. Este arsenal se complementa con la Ley de Agentes Extranjeros, usada para estrangular financieramente a ONGs y medios, y la infame Ley de Pérdida de Nacionalidad (Ley 1145).
Este sistema es eficaz porque no existen contrapesos. TELCOR no es un regulador independiente, sino un brazo ejecutor de la Presidencia con facultades para crear nuevas normas sin pasar por la Asamblea. El poder judicial está completamente alineado y la sociedad civil ha sido desmantelada.
La aplicación de estas leyes demuestra su propósito, usándose sistemáticamente para silenciar cualquier voz crítica. Entre los casos más emblemáticos de estas violaciones se encuentran:
En síntesis, Nicaragua ha consolidado un marco legal donde la vigilancia es la norma y la privacidad es inexistente. El resultado es un clima de autocensura donde los ciudadanos deben recurrir al anonimato. La entrada en vigor de la Ley 1223 en 2025 solo profundizará este estado de espionaje legalizado, completando un sistema diseñado para el control absoluto.